Este miércoles al mediodía 130 diputados dieron quorum para una sesión en la que se tratarán temas sociales, como un posible aumento del 7,2% a las jubilaciones o la extensión de la moratoria previsional, así como también un proyecto de ley para la declaración de Emergencia en Discapacidad, y otro por la Emergencia pediátrica, que es la que atañe al Hospital Garrahan.
La declaración del estado de Emergencia en temas de Discapacidad podría revertir parte del daño infligido por los recortes presupuestarios aplicados por el Gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión.
Florencia, que tiene autismo, se acercó al Congreso para representar los intereses de su hijo Santiago, de casi 15 años, que también fue diagnosticado dentro del trastorno del espectro autista (TEA) pero “por todos los recortes le sacaron la psicopedagoga que tenía, que la Junta Médica como excusa que no la necesita”.
“Estar acá para mí es todo un desafío. Pero lo hago por mi hijo y voy a luchar por él más allá de lo que supone para mí estar acá, porque me tuve que salir del ruido porque soy hiperacúsica, tengo problemas sensoriales de saturación emocional y me puede dar un meltdown“, expresó la madre de Santiago, un adolescente de casi 15 años cuyo desarrollo y educación están afectados de manera directa por los recortes de Javier Milei.
“Quiero decir que esto nos está afectado en todo sentido, no sólo en este recorte a las prestaciones de nuestros hijos sino en la impotencia que sentimos. Como persona autista nunca imaginé en mi vida que iba a vivir semejante crueldad“, señaló Florencia.
Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad explicaron acerca de las últimas declaraciones de funcionarios del Gobierno que “pueden ser una cuestión ideológica, pero también la realidad muestra que es una cuestión económica para ciertos interesados”.
“Las organizaciones de y para personas con discapacidad están enfrentando el discurso que el gobierno despliega y que dirigentes de obras sociales hace tiempo vienen planteando: ‘¿Cuánto le cuesta a la gente, que no es familiar, la atención de un discapacitado?’, ‘¿Por qué yo tengo que pagar la atención de tu hijo con discapacidad?‘. Esta situación y afirmaciones pueden ser una cuestión ideológica, pero también la realidad muestra que es una cuestión económica para ciertos interesados”, señalaron desde la organización.
El Foro también le contestó al Director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, impulsor del desacertado “su discapacidad no es problema del Estado”.
“La atención de las personas con discapacidad, salvo lo que proviene de los fondos públicos que surge de los impuestos que pagan los ciudadanos, se cubre con los aportes privados dentro de un sistema de seguro social, como por ejemplo, una operación de apéndice. Nadie se queja de por qué tiene que pagar esa operación, ya que se entiende que la pagó él o su grupo familiar a través de los aportes a un sistema de seguro solidario”, señalaron.
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