La Justicia dio un paso clave en la investigación sobre los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al ordenar el levantamiento del secreto fiscal y bancario de empresas y personas vinculadas al caso. La medida busca esclarecer quién financió los traslados, en medio de sospechas sobre posibles irregularidades.
El juez federal Ariel Lijo dispuso acceder a información financiera detallada, incluyendo movimientos bancarios, facturación y relaciones comerciales de las firmas involucradas. El objetivo es reconstruir el circuito del dinero y determinar si existió algún beneficio indebido o conflicto de intereses.
Entre los actores bajo la lupa aparece una productora vinculada a la TV Pública, señalada como posible responsable de haber abonado parte del viaje. La investigación también alcanza a otros participantes en la operatoria, como el piloto y las empresas aeronáuticas involucradas en los vuelos privados.
Además, la Justicia solicitó al Gobierno nacional información sobre el carácter del viaje, para establecer si tuvo algún tipo de respaldo oficial, como autorizaciones, viáticos o comisiones de servicio.
El caso se originó a partir de sospechas de posibles delitos, como dádivas o enriquecimiento ilícito, y podría derivar en consecuencias judiciales si se comprueba que terceros financiaron los viajes de manera irregular.
Mientras avanza la causa, el foco está puesto en determinar con precisión el origen de los fondos y las responsabilidades de cada uno de los involucrados en un episodio que ya generó fuerte impacto político.
Leave a Reply