La causa judicial que analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó nuevas medidas de prueba destinadas a verificar el origen de los fondos que el funcionario atribuye a inversiones en criptomonedas. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó información a distintos organismos para reconstruir el recorrido de esas operaciones y determinar si los ingresos declarados resultan compatibles con la explicación brindada por el funcionario.
Entre los pedidos realizados figura un informe a la Comisión Nacional de Valores para identificar las plataformas, exchanges y billeteras virtuales que operaron en el país desde 2012, período previo a las inversiones en Bitcoin que Adorni aseguró haber realizado. La Justicia busca establecer si la evolución de esas operaciones puede justificar el incremento patrimonial informado en sus declaraciones.
Además, los investigadores requirieron los registros de ingreso y egreso vinculados a una propiedad ubicada en el barrio privado Indio Cuá, con el objetivo de profundizar las verificaciones sobre movimientos relacionados con ese inmueble. También se ordenaron medidas para corroborar información sobre el entorno familiar del funcionario y otros aspectos de su situación patrimonial.
La pesquisa forma parte de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que continúa ampliándose a medida que se incorporan nuevos elementos de análisis. Los investigadores intentan reconstruir tanto la trazabilidad de las inversiones en criptomonedas como la evolución económica del funcionario y su grupo familiar durante los últimos años.
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