El Senado avanzó con una nueva ley de discapacidad que contradice los planes originales del Ministerio de Economía. Patricia Bullrich se negó a introducir los recortes que reclamaba la Casa Rosada y dejó al descubierto las diferencias dentro del oficialismo. Mientras tanto, miles de personas con discapacidad, sus familias y prestadores siguen esperando respuestas del Estado.
El ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, el conflicto tiene como protagonistas a las personas con discapacidad, un sector que viene denunciando el deterioro de las prestaciones, las dificultades para acceder a tratamientos y los atrasos en los pagos a instituciones y profesionales.
La discusión llegó nuevamente al Senado, donde el proyecto de fortalecimiento del sistema de discapacidad obtuvo dictamen favorable sin modificaciones, tal como había sido aprobado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, detrás del avance legislativo quedó expuesta una nueva disputa dentro del propio Gobierno.
Desde la Casa Rosada habían solicitado a Patricia Bullrich que introdujera cambios para reducir prestaciones. Pero la jefa del bloque de La Libertad Avanza decidió no avanzar con ese pedido y mantuvo el texto consensuado con los distintos sectores políticos.
La decisión provocó malestar en el área económica y volvió a poner en evidencia las diferencias entre quienes conducen la política del Gobierno. Una interna que, en este caso, tiene como trasfondo los recursos destinados a garantizar derechos básicos de una población especialmente vulnerable.
El ajuste que pretendía Economía
El conflicto no apareció de un día para otro. En septiembre, el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo había incorporado modificaciones que iban en sentido contrario a las garantías reclamadas por las organizaciones de discapacidad.
Entre otras cuestiones, proponía endurecer los criterios para acceder a las pensiones, eliminar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso, establecer incompatibilidades con el empleo formal y modificar el esquema de actualización de las prestaciones.
En otras palabras, el Gobierno pretendía avanzar con mayores restricciones sobre un sistema que ya atravesaba serias dificultades.
La iniciativa generó cuestionamientos incluso dentro del oficialismo. Finalmente, luego de las negociaciones parlamentarias, el proyecto aprobado en Diputados conservó aspectos centrales de la legislación vigente: pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo, compatibilidad con el empleo registrado hasta dos salarios mínimos, actualización de prestaciones y mantenimiento del nomenclador único.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, había reconocido durante el debate legislativo que desde el Ejecutivo hubieran preferido otro resultado.
La frase dejó en evidencia que las modificaciones no respondían precisamente al proyecto original del Gobierno, sino a la presión política y al consenso alcanzado en el Congreso.
Bullrich, Caputo y una pelea por los recortes
La discusión por discapacidad se suma a otros cortocircuitos entre Patricia Bullrich y el ministro de Economía, Luis Caputo.
En los últimos días, ambos protagonizaron nuevos cruces públicos a partir de las diferencias sobre las medidas económicas y el tratamiento de las deudas de las pequeñas y medianas empresas.
Bullrich respaldó públicamente el anuncio de Caputo sobre la suspensión de embargos de ARCA a las pymes, aunque aprovechó para recordar que ella venía reclamando una medida de ese tipo. El ministro reaccionó posteriormente con declaraciones sobre el liderazgo presidencial y la posibilidad de reemplazar a Javier Milei.
Ahora, la disputa vuelve a trasladarse al terreno de las políticas sociales. Mientras Economía insiste con la necesidad de limitar el gasto, el bloque libertario en el Senado decidió acompañar un proyecto que preserva garantías que el propio Ejecutivo había intentado modificar.
La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno con el ajuste y quiénes terminan pagando las consecuencias de sus disputas internas?
La visita del Papa y una realidad difícil de ocultar
La discusión adquiere además una dimensión política y social particular por la inminente visita del papa León XIV a la Argentina.
Uno de los lugares incluidos en su agenda es el Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución dedicada a la atención y el acompañamiento de personas con discapacidad.
La coincidencia resulta difícil de ignorar: mientras el Gobierno intenta reducir el gasto y protagoniza disputas internas por el financiamiento del sistema, el Papa visitará una institución que representa precisamente el trabajo cotidiano de asistencia, inclusión y acompañamiento de quienes más necesitan del compromiso del Estado y de la sociedad.
La discapacidad no puede quedar reducida a una discusión contable ni convertirse en una variable de ajuste presupuestario. Detrás de cada prestación hay personas, tratamientos, familias, trabajadores e instituciones que necesitan previsibilidad para funcionar.
El dictamen del Senado representa un avance legislativo, pero también deja al descubierto las contradicciones de una gestión que, por un lado, habla de eficiencia y equilibrio fiscal y, por otro, debió retroceder ante un proyecto que amenazaba con profundizar las dificultades de uno de los sectores más vulnerables.
La interna libertaria podrá continuar, pero para miles de argentinos la discusión es mucho más concreta: poder acceder a una pensión, sostener un tratamiento, pagar un transporte o garantizar la continuidad de una institución.
Y esos derechos no deberían depender de quién gana la pulseada dentro de la Casa Rosada.
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