El Ejecutivo nacional presentó oficialmente su propuesta de Ley de Libertad Educativa, que implica derogar la normativa actual (la vigencia desde 2006) y reformular profundamente el sistema de educación básica —inicial, primaria y secundaria— así como revisar parte del financiamiento universitario.
Los ejes centrales del proyecto son los siguientes:
- Cada escuela podrá tener mayor autonomía institucional: definir su plan de estudios, metodología, organización interna y calendario según su proyecto educativo.
- Las familias tendrán un rol más activo: se habilita la educación en el hogar (homeschooling) y modalidades combinadas —virtuales, híbridas o a distancia— como alternativas válidas.
- Se creará un nuevo examen nacional al final del secundario (denominado Examen Nacional de Educación Secundaria —ENES—), voluntario, que evaluará competencias en áreas clave.
- Se propone una reestructuración del financiamiento educativo: cambia la forma de asignar recursos públicos, con un nuevo esquema que incluye financiamiento por demanda —vouchers, becas u otros mecanismos dirigidos a familias o estudiantes—, y una redistribución de los fondos en las universidades, priorizando criterios como cantidad de alumnos, avance académico, desempeño e investigación.
- El proyecto también redefine el papel del Estado respecto al sistema educativo: se busca que las escuelas tengan mayor independencia administrativa y pedagógica, mientras las familias asumen un protagonismo central en la elección educativa.
El gobierno sostiene que estos cambios responden a problemas estructurales —como falta de flexibilidad, centralización y deficiencias en rendición de cuentas—, y que la reforma apunta a brindar más opciones, calidad y participación.
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