El gobierno de Javier Milei profundizó su política de reducción del Estado y puso ahora el foco en la Administración de Parques Nacionales (APN), una decisión que ya genera preocupación y fuertes cuestionamientos desde sectores ambientales y sindicales.
A través de la Resolución 191/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración nacional oficializó un nuevo programa de retiros voluntarios destinado a disminuir la planta de trabajadores del organismo. La medida se enmarca en el plan general de ajuste impulsado por la Casa Rosada, que desde el inicio de la gestión ya provocó una importante reducción del empleo público.
Los críticos sostienen que el recorte podría afectar áreas sensibles vinculadas a la conservación ambiental, la prevención de incendios, el mantenimiento de infraestructura y el control de actividades dentro de las áreas protegidas. Distintos sectores advierten que la disminución de recursos pone en riesgo el funcionamiento de parques que constituyen uno de los principales patrimonios naturales y turísticos del país.
En los últimos meses, además, se registraron reducciones presupuestarias que impactaron en tareas de patrullaje, combustible y control ambiental, generando alarma en varias provincias donde los parques nacionales tienen un papel central en la economía regional y la preservación de ecosistemas.
Mientras el Gobierno defiende la medida como parte de su estrategia para reducir el gasto público y reorganizar el Estado, crece el debate sobre cuáles serán las consecuencias a largo plazo de un ajuste que ahora alcanza a uno de los organismos clave para la protección de la biodiversidad argentina.
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