Una funcionaria vinculada a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires fue detenida en el marco de una investigación por una presunta organización dedicada al lavado de activos mediante billeteras virtuales. La causa apunta a una maniobra que habría movilizado alrededor de 27 mil millones de pesos durante un año.
La detenida fue identificada como Albertina Mangini, abogada que se desempeñaba en el Patronato de Liberados. La Justicia la acusa de formar parte de una asociación ilícita y le imputa, entre otros delitos, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos agravado.
La investigación, encabezada por la fiscal Betina Lacki, también derivó en la detención de Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes. Además, otras personas permanecen bajo investigación.
Cómo funcionaba la maniobra
Según la hipótesis de los investigadores, la organización recurría al denominado “pitufeo” o “smurfing”, una modalidad que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en numerosas operaciones de menor monto para dificultar su detección.
Mangini habría tenido un papel relacionado con la captación de personas en situación de vulnerabilidad económica. De acuerdo con la investigación, se les ofrecían aproximadamente 80 mil pesos a cambio de facilitar sus datos personales para la apertura de cuentas digitales.
Las personas eran convocadas en un bar ubicado en la zona de 7 y 56, en La Plata. Allí, según la causa, se tomaban fotografías, se realizaban escaneos faciales y se abrían billeteras virtuales utilizando las identidades de los involucrados.
Uno de los casos que llamó la atención de los investigadores corresponde a una mujer que habría recibido dinero a cambio de realizar un escaneo biométrico y que posteriormente descubrió movimientos por más de 172 millones de pesos en una cuenta registrada con sus datos.
El recorrido del dinero
Las cuentas abiertas a nombre de terceros habrían sido utilizadas como “cuentas mulas” o cuentas recaudadoras. Desde allí, el dinero era transferido siguiendo un esquema que, según los investigadores, buscaba dificultar el seguimiento de los fondos.
Parte del dinero habría terminado en un casino online ilegal. La hipótesis sostiene que, de esta manera, los fondos ingresaban como transferencias y posteriormente regresaban al circuito bajo la apariencia de ganancias obtenidas mediante juegos de azar.
Los investigadores detectaron además determinados patrones en las operaciones, entre ellos movimientos que finalizaban reiteradamente en .12 y cuentas que mantenían pequeños saldos para evitar quedar completamente vacías.
Los procedimientos realizados en el marco de la causa alcanzaron distintos puntos de la provincia y también Córdoba. La Justicia busca determinar ahora el grado de participación de cada uno de los involucrados y reconstruir el circuito completo del dinero.
La investigación continúa abierta y las acusaciones deberán ser determinadas judicialmente en el avance del proceso.
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