Desde este lunes comenzó a regir un nuevo mecanismo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que permite a las entidades financieras cobrar las cuotas de determinados créditos mediante un débito directo de la cuenta bancaria del cliente.
La herramienta se denomina Cobro con Transferencia (CCT) y reemplaza al sistema de Débito Inmediato (DEBIN), que había sido cuestionado debido a los riesgos de fraude asociados a su utilización.
A partir de ahora, cuando el crédito haya sido depositado en una determinada cuenta, la entidad que otorgó el préstamo podrá utilizar ese mismo medio para realizar el cobro de las cuotas, siempre que exista una autorización previa del titular.
Cómo funcionará el nuevo mecanismo
El sistema establece una serie de condiciones para limitar los débitos y proteger a los usuarios. Entre ellas, las cuotas deberán ser fijas y de iguales características durante el contrato.
Además, al momento de otorgarse el préstamo, la relación entre la cuota y los ingresos del cliente no podrá superar el 30%.
El esquema también limita los intentos de cobro: se realizará un primer débito y, en caso de no concretarse, podrán efectuarse hasta dos nuevos intentos, a las 48 y 96 horas.
Otro de los requisitos es que el cliente otorgue una autorización expresa. A su vez, deberá recibir una notificación electrónica el día hábil anterior al débito y podrá cancelar esa autorización.
Una medida que llega en medio del aumento de la morosidad
La implementación del CCT se produce en un contexto de creciente preocupación por el nivel de endeudamiento de los hogares y las dificultades que atraviesan numerosos argentinos para cumplir con sus compromisos financieros.
Según la información difundida sobre el nuevo mecanismo, la normativa fue diseñada por el Banco Central en marzo y estableció un período de adecuación para las entidades financieras.
El objetivo oficial es avanzar hacia un sistema de cobro más seguro y transparente, reduciendo las posibilidades de maniobras fraudulentas y estableciendo mayores controles sobre los débitos vinculados a los créditos.
Las entidades financieras también asumirán responsabilidad frente a eventuales casos de fraude relacionados con este mecanismo y deberán afrontar un arancel mínimo del 0,6% por la operatoria.
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