La Justicia Federal ordenó el allanamiento de las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), como parte de una investigación que examina la entrega de alimentos en mal estado a personas privadas de la libertad en la cárcel de Ezeiza y posibles irregularidades en los contratos de provisión. La medida fue dispuesta por el juez federal Federico Villena, quien investiga si habría existido un esquema de cartelización en la contratación y suministro de comida para internos, mediante empresas consideradas “pantalla” para eludir sanciones previas a proveedores cuestionados.
Según informaron fuentes judiciales, el procedimiento estuvo marcado por tensión cuando Martínez intentó evitar que su teléfono móvil principal fuera secuestrado, entregando inicialmente un dispositivo que no era de uso habitual y luego alegando que había “extraviado” su equipo verdadero esa misma mañana.
La causa surge tras denuncias y peritajes que señalan que la comida destinada a los detenidos no cumplía con las condiciones sanitarias mínimas, lo que motivó la investigación de posibles vínculos entre autoridades del SPF y las empresas proveedoras involucradas en la provisión alimentaria del penal.
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