Un grupo de residentes de Esteban Echeverría, liderado por Alejandro Cruz, presentó reclamos formales ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y el Municipio local, denunciando lo que consideran contaminación ambiental y fuertes olores emanados de la planta de procesamiento avícola Cresta Roja (WADE). El pedido se hizo mediante un acceso a la información pública con el fin de obtener datos más precisos sobre la situación, que según los vecinos estaría afectando a miles de habitantes de la zona.
En apoyo a la iniciativa, distintas organizaciones y ciudadanos se sumaron a la causa mediante un petitorio digital, buscando así respuestas tanto de ACUMAR como del gobierno municipal.
📄 Solicitud de reunión con autoridades
Cruz también elevó una carta al intendente Fernando Gray para conversar sobre el tema, la cual fue recibida el 19 de febrero. Como resultado, se organizó una reunión para el 2 de marzo con representantes municipales, entre ellos la secretaria de Gobierno y el responsable de Medio Ambiente, con el objetivo de analizar y trabajar posibles soluciones.
Olores molestos y alcance del problema
Según Cruz, desde hace años la comunidad sufre por los “olores desagradables y contaminación del aire” atribuida a la planta, lo que en ocasiones obliga a las personas a permanecer en sus viviendas, escuelas y comercios sin poder salir con normalidad. A pesar de un compromiso firmado en 2022 entre la empresa, ACUMAR y el Municipio para reducir estas emisiones, los vecinos aseguran que el problema persiste.
Estimaciones citadas por Cruz sugieren que el impacto podría extenderse hasta un radio de 6 kilómetros, afectando a localidades como Monte Grande, El Jagüel, Canning, Luis Guillón y 9 de Abril, y a cientos de miles de personas.
Reclamos puntuales
Los vecinos piden, entre otras cosas:
- El cese inmediato de las emanaciones y olores.
- Inspecciones ambientales más estrictas.
- Implementación de tecnologías para filtrar gases.
- Controles sobre los efluentes que van al Arroyo Ortega.
- Mayor transparencia en las gestiones para resolver el conflicto.
Este conjunto de acciones intentaría visibilizar la problemática y forzar una respuesta institucional ante una situación que, según los reclamantes, se viene arrastrando durante años sin soluciones claras.
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