El Gobierno nacional dispuso una actualización del 2,6% en el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, en medio de fuertes cuestionamientos por parte de familias, prestadores y organizaciones del sector. La medida fue oficializada mediante la Resolución 517/2026 publicada en el Boletín Oficial.
La actualización alcanza a transportistas, acompañantes terapéuticos, centros de día, hogares, instituciones educativas y servicios de rehabilitación, entre otros actores que integran el sistema de atención integral para personas con discapacidad.
Desde distintos sectores volvieron a advertir que los incrementos continúan por debajo del aumento de costos operativos, salarios y transporte, y remarcaron que el atraso acumulado afecta el funcionamiento de numerosas prestaciones.
En paralelo, crece la preocupación por la intención del Gobierno de avanzar con modificaciones sobre el nomenclador nacional, herramienta que fija los valores mínimos que deben abonar obras sociales, prepagas y organismos estatales por las prestaciones vinculadas a discapacidad.
La resolución también confirmó la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para prestaciones brindadas en provincias patagónicas.
La medida se conoce en un contexto de reclamos y movilizaciones vinculadas al financiamiento del sistema de discapacidad y al pedido de actualización de aranceles por parte de prestadores y familias.
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