La situación patrimonial de Manuel Adorni volvió a quedar bajo la lupa judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita le requirió al exjefe de Gabinete que presente explicaciones sobre distintas inconsistencias detectadas en la evolución de sus bienes e ingresos.
Según trascendió este lunes, Adorni tendrá un plazo de 15 días para justificar su situación patrimonial ante la Justicia. El requerimiento constituye una instancia previa a una eventual citación a indagatoria y se produce luego de distintos informes y medidas de prueba incorporados a la investigación.
La pesquisa analiza la evolución económica de Adorni y su pareja desde diciembre de 2023 y puso el foco en sus declaraciones juradas, propiedades, gastos y otras operaciones financieras. Un informe técnico elaborado por la DAFI había advertido inconsistencias que ahora deberán ser explicadas por el exfuncionario.
Uno de los puntos que forma parte de la investigación es la evolución de su patrimonio. En junio, Adorni presentó una declaración jurada rectificativa en la que declaró bienes por aproximadamente $944 millones, además de informar unos US$209.000 en efectivo. La presentación incorporó información que no figuraba en sus declaraciones anteriores.
La Justicia también analiza el origen y las circunstancias de distintos bienes y gastos declarados, entre ellos una propiedad y las reformas realizadas en una vivienda ubicada en un country. En paralelo, la fiscalía pidió documentación vinculada con una herencia recibida por Adorni y reconstruye sus ingresos de los últimos años.
El nuevo requerimiento representa otro avance en una investigación que viene generando cuestionamientos desde hace meses. Ahora será Adorni quien deberá aportar la documentación y las explicaciones que, según la fiscalía, permitan determinar si las diferencias detectadas en su evolución patrimonial tienen una justificación válida.
La investigación se encuentra en una etapa preliminar y el pedido de explicaciones no implica una declaración de culpabilidad. La Justicia deberá evaluar la documentación que presente el exfuncionario antes de determinar si corresponde avanzar con nuevas medidas.








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